"Amenazados en Colombia continuarán con seguridad del Gobierno"

Amenazados en Colombia continuarán con seguridad del Gobierno

El Gobierno de Colombia aprobó el presupuesto para continuar protegiendo a los amenazados en el país, por lo que su seguridad será costeada por el Estado.

Elementos de seguridad
El Gobierno de Colombia continuará pagando la seguridad de las personas amenazadas en el país. (Foto: Twitter)

Las personas que actualmente se encuentran amenazadas  por el conflicto armado interno en Colombia continuarán con la seguridad que paga el Gobierno.

El ministro colombiano de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que el Gobierno ha girado los recursos necesarios para pagar a las empresas y a los escoltas que prestan servicios de seguridad a unas 1.800 personas cuya integridad corre riesgo en el país. El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Andrés Villamizar, había advertido horas antes a través de su cuenta en Twitter que unos 1.800 amenazados que tienen esquemas de protección podrían quedar sin ese servicio en ocho días si el Gobierno no destinaba los recursos para pagarlos.

En declaraciones a periodistas, Cárdenas aseguró después de reunirse con Villamizar que “los responsables de controlar el gasto y acomodarse a los presupuestos son los propios directores de las entidades”. También enfatizó en que a la UNP, que depende del Ministerio del Interior, el Gobierno le ha girado “los recursos suficientes para atender sus necesidades”. El ministro agregó que el año pasado el Ministerio de Hacienda giró 394.000 millones de pesos (unos 188 millones de dólares) y este año el presupuesto creció en 40.000 millones de pesos (unos 19 millones de dólares).

Desde septiembre pasado la UNP está advirtiendo de problemas presupuestarios en la entidad, que tiene un déficit de 70.000 millones de pesos para mantener hasta final de año los esquemas de protección, que incluyen autos blindados y un mínimo de dos escoltas. La UNP protege actualmente a casi 7.500 personas que reciben amenazas de todo tipo principalmente de grupos paramilitares, quienes suponen 40 % del total, seguidos por las guerrillas de las FARC y el ELN (30 %) y de políticos locales (15 %), entre otros.