"¿Qué pasó con la condena de María Pilar Hurtado y funcionarios del Gobierno de Uribe?"

¿Qué pasó con la condena de María Pilar Hurtado y funcionarios del Gobierno de Uribe?

La Fiscalía exige saber qué ha pasado con la condena hacia los funcionarios del Gobierno de Uribe, entre ellos María Pilar Hurtado, ya que no se ha tenido un avance.

María Pilar Hurtado funcionaria Gobierno Uribe
La Fiscalía exige condena para los casos de corrupción durante el Gobierno de Álvaro Uribe. (Foto: Twitter)

Varios son los funcionarios del Gobierno de Uribe que están implicados en casos de corrupción, entre ellos María Pilar Hurtado, por lo que la Fiscalía exigió saber qué pasó con la condena puesta a estas personas y cómo el caso ha avanzado.

La fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Victoria Parra, dijo hoy en una audiencia que se presume la responsabilidad penal por este caso de la exdirectora del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), María del Pilar Hurtado, y del ex secretario general de Presidencia Bernardo Moreno.

Parra pidió a los magistrados de la Sala Penal de la Corte condenar a Hurtado, que se asiló en Panamá en 2010, por los delitos de concierto para delinquir, abuso de función pública y violación ilegal de comunicaciones, peculado por apropiación y falsedad ideológica.

Según la funcionaria, “la Fiscalía logró corroborar con elementos materiales probatorios, suficiente evidencia” de que se pretendía “hallar nexos entre la Corte Suprema y el narcotráfico”, pues en la época de los hechos miembros de ese tribunal estaban enfrentados con el entonces presidente Uribe.

Parra manifestó además que el entonces jefe de Estado estaba enterado de las operaciones de sus subalternos y “muy complacido con la información que le estaban haciendo llegar de la Corte Suprema de Justicia”, al punto de que “ordenó una felicitación”.

Hurtado, principal implicada en el espionaje como directora que fue del ahora desmantelado DAS entre 2007 y 2009, recibió asilo político en Panamá a finales de 2010, beneficio que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de ese país en mayo pasado.